La Junta de Extremadura considera un chantaje la propuesta del Gobierno central con su Plan Estatal de Vivienda tras la reunión de este lunes del Ministerio de Vivienda con las comunidades autónomas, queriendo que las autonomías acepten una financiación en la que deben incrementar notablemente su aportación al Plan, cuando el Ministerio no ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta, ni un borrador de decreto, ni tampoco un desarrollo de las iniciativas.
El Gobierno no pretende buscar un acuerdo multilateral en esta materia, sino que está intentando dividir a las comunidades autónomas, queriendo generar también en esta materia una España de varias velocidades, sin un criterio de igualdad, tal y como está haciendo con la financiación autonómica, alcanzando acuerdos únicamente con autonomías afines.
El Gobierno extremeño no va a aceptar ningún saqueo en materia de vivienda, como se está haciendo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez con regiones como Cataluña a la hora de pactar la financiación autonómica.
El Ejecutivo extremeño manifiesta su más absoluto rechazo al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026¿2030, al considerarlo una maniobra opaca y arbitraria, que ahonda en la división entre territorios y rompe el principio de equidad en el acceso a políticas públicas fundamentales como es el derecho a la vivienda.
DOCUMENTO AUSENTE DE TRANSPARENCIA Y REPARTO Y GARANTÍA JUSTOS
El documento remitido a las comunidades autónomas se presenta como un acuerdo de planificación, pero en realidad se limita a imponer una estructura cerrada, sin mecanismos reales de cogobernanza, ni criterios transparentes de reparto ni garantías de corresponsabilidad justa.
El Plan exige a las comunidades una cofinanciación del 40 por ciento, sin detallar en qué condiciones, con qué criterios o bajo qué límites se evaluará el cumplimiento de objetivos. Todo ello, condicionado a convenios individualizados que permiten al Gobierno central discriminar y premiar según afinidades políticas.
Especialmente grave resulta la inclusión de cláusulas que permiten incrementar las ayudas sólo en las denominadas ‘zonas tensionadas’. Esta fórmula abre la puerta a un modelo discrecional, desigual y profundamente injusto, que deja fuera a comunidades como Extremadura, que enfrentan grandes retos de acceso a la vivienda en el medio rural, sin ser consideradas ‘zonas tensionadas’ según los parámetros del Gobierno.
La Junta de Extremadura no está dispuesta a asumir un chantaje político disfrazado de un supuesto acuerdo por la vivienda, que pone en riesgo nuestra autonomía y nuestras competencias para desarrollar políticas de vivienda adaptadas a nuestra realidad social, económica y territorial.
El Ejecutivo central vuelve a caer en el mismo patrón que ya ha aplicado en financiación autonómica y en la condonación de deuda: premiar a quienes le sostienen políticamente y castigar a quienes defienden un modelo de país basado en la igualdad de oportunidades y la solidaridad entre territorios
Extremadura exige un Plan Estatal de Vivienda que respete la diversidad territorial, garantice la igualdad real de acceso a los recursos públicos y se articule a través de una gobernanza compartida, clara y transparente. No acepta imposiciones ni discriminaciones encubiertas bajo fórmulas técnicas que solo buscan consolidar una política clientelar.