La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha solicitado formalmente al Gobierno central la posibilidad de recuperar el superávit de 419,16 millones de euros correspondiente al ejercicio 2024, que en 2025 se destinó íntegramente a amortizar deuda, con el fin de atender los daños provocados por las borrascas que afectaron de manera intensa a Extremadura durante los meses de febrero y marzo.
Manzano ha recordado que la utilización del superávit para amortizar deuda no fue una decisión discrecional de la Comunidad Autónoma, sino una obligación derivada de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Dicha normativa establece en su artículo 32 que los superávits obtenidos por las comunidades autónomas debían destinarse a reducir endeudamiento, salvo habilitación normativa expresa que permitiera otros usos.
En ausencia de esa habilitación en 2025, Extremadura tuvo que aplicar los más de 419 millones de superávit del ejercicio 2024 a la amortización anticipada de deuda, cumpliendo así con las reglas fiscales establecidas.
A raíz de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Decreto-ley 5/2026, que establece medidas urgentes para hacer frente a los daños ocasionados por distintos episodios meteorológicos adversos que han afectado especialmente a Extremadura y Andalucía, la consejera ha realizado esta petición al Gobierno central.
En este sentido, y según recoge el artículo 25 de dicho Decreto-ley, «excepcionalmente, las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura podrán destinar los superávits presupuestarios de 2024 y 2025 a la financiación de los gastos extraordinarios ocasionados por las inundaciones y otros sucesos catastróficos a los que se refiere este Real Decreto Ley».
Dado que el superávit de 2024 ya se había utilizado para amortizar deuda conforme a la normativa aplicable en 2025, la Junta solicita ahora al Gobierno central la autorización necesaria para formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por el mismo importe -419,16 millones de euros-.
La consejera ha explicado que el objetivo es destinar la capacidad financiera equivalente a aquel superávit a medidas urgentes de respuesta y reparación de los daños causados por las intensas precipitaciones, inundaciones y otros sucesos catastróficos registrados en la región.
«El Decreto-ley abre un marco excepcional que permite emplear los superávits de 2024 y 2025 para afrontar estos daños extraordinarios. Por eso solicitamos al Gobierno central la autorización de endeudamiento que nos permita actuar con rapidez y eficacia», ha explicado Manzano.