Las medidas implementadas por la Junta de Extremadura para mejorar la gestión del parque público de vivienda han permitido avanzar de manera significativa en un aumento de los ingresos derivados del alquiler de estos inmuebles, que se ha incrementado un 19 por ciento entre los meses de enero y febrero de 2023 y el mismo período de 2026, lo que se traduce en un aumento de la recaudación de 245.231 euros adicionales, sin necesidad de subir el precio del alquiler más allá de la actualización conforme al IPC. Actualmente, las rentas se sitúan en una horquilla que oscila entre los 23’64 y los 177’17 euros.
Esas medias han permitido un refuerzo del seguimiento, la recuperación de deudas, actuar frente a ocupaciones irregulares y vigilar el uso adecuado de las viviendas, lo que ha provocado una gestión más eficiente y una mejor optimización de los recursos públicos. Todo ello, ha hecho que, por ejemplo, la tasa de morosidad se haya reducido un 3 por ciento en el primer bimestre de este año respecto al mismo período de 2023.
Este conjunto de actuaciones consolida un modelo de gestión más responsable, transparente y orientado al buen uso del patrimonio público, garantizando que las viviendas cumplan su función social y se mantengan al servicio de las familias que más lo necesitan.
Desde el Gobierno extremeño se han puesto en marcha diversas actuaciones orientadas a mejorar la gestión del parque público de viviendas. Estas medidas se han centrado en reforzar los mecanismos de control, seguimiento y regularización de las viviendas adjudicadas, así como en garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las personas arrendatarias.
ATENCIÓN PRIORITARIA A LAS OCUPACIONES
A este respecto, cabe destacar la atención prioritaria a las ocupaciones detectadas en el parque público de vivienda, que ha permitido recuperar inmuebles para su correcta adjudicación a familias que cumplen los requisitos legales, así como demostrar a los inquilinos que cumplen con sus obligaciones que la Administración extremeña cuida el entorno residencial donde se ubican, evitando agravios comparativos en el acceso y mantenimiento de la vivienda.
Además, se ha intensificado el control sobre las viviendas desocupadas, especialmente en pequeños municipios, donde la disponibilidad de viviendas públicas es limitada. La vigilancia garantiza que las viviendas se asignen a familias realmente necesitadas, evitando la infrautilización del patrimonio público, y favoreciendo una gestión más equilibrada de este parque público en zonas rurales.
Otra actuación que contribuye a mejorar la gestión en esta materia es una mayor presencia técnica y más acompañamiento social en edificios en los que se realizan mejoras energéticas, que permite proteger la inversión pública y garantizar que las mejoras energéticas se traduzcan en beneficios reales para las familias.