Las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Valencia, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han manifestado su preocupación ante el incumplimiento de la Ley básica de bomberos forestales en el proceso de elaboración del proyecto de Real Decreto destinado a establecer las disposiciones mínimas de protección de la seguridad y salud de los bomberos forestales en los operativos de extinción de incendios.
Esta iniciativa normativa deriva de la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, Básica de Bomberos Forestales, cuya disposición final primera encomienda al Gobierno de España la aprobación, en el plazo de un año, previo acuerdo con las Administraciones competentes y elaborado conjuntamente con ellas, de un reglamento específico en materia de prevención de riesgos laborales para este colectivo, criterios legales que no se han cumplido.
Las comunidades autónomas consideran que no se han respetado ni los plazos ni el procedimiento previsto legalmente; por un lado, el plazo de elaboración ha sido ampliamente superado y por otro, el proceso no ha respondido al principio de elaboración conjunta, limitándose el gobierno a dar participación a las CC AA en fases de información pública y reuniones informativas sobre textos previamente definidos.
Asimismo, han señalado que las aportaciones realizadas de forma consensuada por las administraciones autonómicas han sido, en su mayoría, desestimadas.
PREOCUPACIÓN POR EL COTENIDO TÉCNICO DEL BORRADOR
Desde el punto de vista material, las Comunidades alertan de que el texto actual no incorpora suficientemente el conocimiento operativo de la extinción de incendios forestales, lo que podría provocar disfunciones relevantes en la gestión de emergencias, requiriendo al gobierno para que intervenga en el proceso el responsable operativo de extinción de incendios del Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico y desde luego el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF).
En este sentido, advierten de que determinadas previsiones podrían comprometer la eficacia en la toma de decisiones durante las intervenciones, generando además inseguridad jurídica para los responsables operativos y de seguridad y salud laboral.
Las Comunidades Autónomas reafirman su compromiso con la protección de la salud de los trabajadores, subrayando que la prevención de riesgos laborales debe abordarse teniendo en cuenta las características específicas de la actividad y su finalidad como servicio esencial de protección civil.
La extinción de incendios forestales, recuerdan, tiene como objetivo prioritario la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente, lo que exige un marco normativo adaptable a contextos de emergencia.
Por todo ello, las comunidades y las ciudades autónomas exigen al Gobierno de España y al Ministerio de Trabajo y Economía Social a retomar el proceso de elaboración del Real Decreto, garantizando, entre otras cuestiones, la participación real y efectiva de los Gobiernos autonómicos y ciudades autónomas, la creación de grupos de trabajo mixtos (Estado¿CCAA), la integración del conocimiento técnico-operativo y preventivo y el cumplimiento de las previsiones legales con un texto con acuerdo previo y elaboración conjunta.
El objetivo final es disponer de un marco normativo que refuerce la seguridad y salud laboral sin comprometer la eficacia de los operativos de extinción de incendios forestales.