La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha reafirmado que el Gobierno regional sigue abierto al “diálogo” y con “la mano tendida” con las empresas del transporte escolar en la región, pero ha lamentado que “una parte minoritaria del sector” es la que “está obstaculizando el derecho a la educación de cerca de 5.000 alumnos extremeños”.
“Quiero dejar muy claro que todo lo que legalmente se permita, nos hemos comprometido a aceptarlo. Lo que no puede hacer ningún gobierno es firmar compromisos contrarios a la ley”, ha remarcado Vaquera.
En este sentido, la consejera ha explicado este lunes que “la Consejería de Educación ha aceptado todas las exigencias de las empresas, con un matiz: que siempre tienen que tener cobertura legal. Esta obviedad, que es que todos los compromisos se ajusten a la ley, es la razón por la que las empresas no suscriben el acuerdo”.
Asimismo, Mercedes Vaquera ha subrayado que estas pocas empresas “están pidiendo que un Gobierno asuma compromisos aun estando fuera de la ley. Esto muestra la nula voluntad de querer solucionar definitivamente el problema. Como Gobierno hemos estado y vamos a seguir estando, con mano tendida, abiertos al diálogo”.
Mercedes Vaquera ha informado de que el pasado viernes, el Gobierno regional se reunió con las empresas denunciadas “con el objetivo de poner fin a esta situación” y en ese encuentro se hicieron varias exigencias: “que la Consejería de Educación desista de ejercitar la acusación particular en la denuncia presentada, así como renunciar a presentar recurso contra el auto que no acuerda las medidas cautelares solicitadas; la adjudicación directa de las rutas desiertas a las mismas empresas que venían prestando el servicio en el curso pasado, elevando el precio en la categoría B y, en tercer lugar, el compromiso de la Junta y las empresas de atender reivindicaciones de distinta índole”. Un trabajo que ha continuado durante todo el fin de semana.
DERECHO A LA EDUCACIÓN Y SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL
“La Junta ha tratado, por todos los medios, que los cinco empresarios que están bloqueando este servicio público esencial, pongan fin a esta lamentable situación. Son las empresas las que tienen los medios y el personal para prestar el servicio de transporte escolar”, ha aseverado la consejera.
La titular de Educación ha explicado ante los medios que, una vez finalizado el curso pasado, “curso con muchas complicaciones en el servicio del trasporte escolar debido a las presiones de estas mismas empresas si no aceptábamos sus condiciones”, la Consejería procedió a licitar las rutas, siguiendo el acuerdo marco suscrito por todas las empresas del sector.
“Desde ese momento hemos licitado hasta en 10 ocasiones contratos de emergencia, con las correspondientes subidas de precio”, ha añadido Vaquera.
Posteriormente, Mercedes Vaquera ha recordado que el pasado 4 de septiembre se interpuso “una denuncia por la vía penal” a estas empresas, basada en presuntas coacciones, presiones y amenazas a otras empresas de autobuses, “para que no acudan a las licitaciones y seguir ejerciendo una presión desmedida sobre la Junta de Extremadura”, acompañando la denuncia con una petición de medidas cautelares y que fueron denegadas el pasado 11 de septiembre.
El día 10 de septiembre, un día antes del inicio del curso escolar y a la espera del pronunciamiento de esa medida cautelar, la Consejería de Educación emitió una resolución de obligado cumplimiento para garantizar el derecho a la educación y que están “incumpliendo las empresas”.
“Como ven hemos utilizado todas las vías posibles, administrativas y judiciales, para garantizar la prestación de este servicio esencial”, ha afirmado la consejera de Educación.
Finalmente, María Mercedes Vaquera ha asegurado que “lo único que nos importa es que el alumnado llegue a sus centros” y ha realizado un llamamiento a las empresas, especialmente a las que querían firmar el acuerdo. “Que empaticen con el malestar de tantas familias, que sigan prestando un servicio que es fundamental para el medio rural, y que entiendan que esto no es un pulso con la Administración, porque afecta a derechos fundamentales como es el derecho a la educación”, ha concluido la consejera.