viernes, junio 12, 2026
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    El vicepresidente Óscar Fernández Calle afirma que la Junta va a solicitar pruebas de edad a los MENAS que lleguen a Extremadura

    El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha informado este viernes de las medidas adoptadas por la Junta de Extremadura para reforzar las garantías jurídicas y la correcta gestión del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados (MENAS). Fernández Calle ha explicado que la Dirección General de Servicios

    El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha informado este viernes de las medidas adoptadas por la Junta de Extremadura para reforzar las garantías jurídicas y la correcta gestión del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados (MENAS).

    Fernández Calle ha explicado que la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia ha dictado una circular que establece la solicitud a la Fiscalía de los procedimientos de determinación de edad en aquellos casos en los que no exista una acreditación fehaciente de la misma o concurran dudas razonables sobre la documentación aportada.

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    El vicepresidente ha señalado que el objetivo de esta actuación es garantizar que cada persona reciba la atención y los recursos que le corresponden conforme a su situación real, asegurando al mismo tiempo una adecuada protección de los menores y una gestión eficiente de los recursos públicos.

    APLICABLE A LOS YA ACOGIDOS Y A LOS NUEVOS

    La medida será de aplicación tanto a menores extranjeros no acompañados que ya se encuentren acogidos en la red de recursos residenciales de la Junta de Extremadura como a las nuevas incorporaciones en las que no pueda acreditarse de forma indubitada la edad o existan dudas razonables sobre ella.

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    Fernández Calle ha subrayado que la determinación de edad corresponde a la Fiscalía y a las autoridades competentes, mientras que la Junta de Extremadura actúa en el marco de sus competencias de protección de menores, promoviendo los mecanismos previstos por la legislación vigente para garantizar la máxima seguridad jurídica.

    Asimismo, ha destacado que esta actuación permitirá homogeneizar los criterios de intervención en toda la red de protección de la comunidad autónoma, reforzando la transparencia, la coordinación institucional y la adecuada atención a los menores que se encuentren bajo la tutela y protección de la Administración autonómica.

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