El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha defendido hoy en la Asamblea de Extremadura la política social impulsada por la Junta, basada en la priorización de los recursos públicos para fortalecer a las familias, mejorar la inclusión social y reforzar la atención a las personas más vulnerables.
Durante su intervención, Fernández Calle ha subrayado que Extremadura continúa enfrentando importantes retos en materia de pobreza y exclusión social, una realidad que, según ha señalado, exige una actuación decidida de las administraciones públicas y una gestión eficiente de los recursos disponibles.
El consejero ha explicado que el Ejecutivo autonómico ha apostado por un cambio de enfoque en las políticas sociales, orientando los recursos hacia programas que tienen un impacto directo en la vida de los extremeños y en el fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario.
Entre las medidas destacadas, Fernández Calle ha recordado la puesta en marcha de las ayudas a la natalidad, que cuentan con una dotación superior a los 2,1 millones de euros, así como el incremento de las ayudas destinadas a las familias acogedoras, que alcanzan los 2,7 millones de euros. Asimismo, ha señalado la creación de ayudas extraordinarias para familias acogedoras, dotadas con 300.000 euros, y de un programa específico de acogida para menores con enfermedades oncológicas.
En materia de servicios sociales, el vicepresidente ha destacado el aumento de la financiación destinada a los Servicios Sociales de Atención Social Básica, que supera los 14,2 millones de euros, así como el refuerzo de los programas de atención a personas sin hogar y en situación de exclusión social, que cuentan con una dotación de 1,58 millones de euros.
INTERVENCIÓN SOCIOLABORAL EN ZONAS DESFAVORECIDAS
Del mismo modo, ha puesto en valor los programas de intervención sociolaboral en zonas desfavorecidas y áreas rurales, con una inversión cercana a los 1,5 millones de euros, y el incremento de los recursos destinados a programas específicos con población gitana, que alcanzan los 750.000 euros.
Fernández Calle ha insistido en que la protección social debe orientarse no solo a atender situaciones de necesidad, sino también a generar oportunidades que permitan a las personas alcanzar una mayor autonomía y mejorar sus condiciones de vida.
El consejero también ha reafirmado el compromiso de la Junta de Extremadura con la colaboración de entidades sociales que desarrollan una labor directa y eficaz con colectivos vulnerables.
En este sentido, ha destacado el trabajo de organizaciones como Proyecto Hombre Extremadura, Fundación Atenea, Fundación ANAR, Asociación Nutria y diversas asociaciones de familias numerosas, entre otras.
Finalmente, Fernández Calle ha asegurado que el Gobierno extremeño continuará impulsando políticas destinadas a fortalecer la protección social, apoyar a las familias y garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan.
«La protección social consiste en poner los recursos al servicio de las personas y de las familias. Ese es el compromiso de esta Consejería y del Gobierno de Extremadura», ha concluido.