miércoles, mayo 6, 2026
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    La presidenta de la Junta de Extremadura celebra desde Bruselas el respaldo del Parlamento Europeo a la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz

    La Comisión PETI pide la reversión del cierre de la planta y advierte de los riesgos demográficos y económicos del desmantelamiento de industrias en regiones menos desarrolladas

    La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha celebrado este miércoles desde Bruselas el respaldo del Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Peticiones (PETI), de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.

    La citada comisión ha aprobado el informe sobre la investigación a Almaraz que tuvo lugar a mediados de febrero por parte de una delegación de eurodiputados encabezada por el polaco Bogdan Rzo¿ca, y que consistió en recabar información sobre las implicaciones del cierre de la planta para España y para la transición energética en la UE.

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    «Hoy es un día importante para Extremadura. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acaba de respaldar, aquí, en Bruselas, la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz con un informe claro. Un documento que advierte de los riesgos demográficos, económicos y en materia de seguridad de su cierre», ha destacado.

    La presidenta extremeña ha asegurado que «hoy defendemos, con más fuerza si cabe, la continuidad de nuestra central. La energía nuclear es un suministro fiable y limpio y que garantiza la soberanía energética de nuestro país».

    Tras asegurar que desmantelar la central nuclear «atenta contra el empleo y el desarrollo de nuestros pueblos», Guardiola ha enfatizado que «Almaraz no se cierra».

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    Entre las recomendaciones recogidas en el informe aprobado por la PETI destaca la reversión del cierre de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red eléctrica; la necesidad de que las políticas de transición energética se apliquen de forma equilibrada y basada en la evidencia y que las decisiones sobre infraestructuras energéticas estratégicas deben basarse en evaluaciones transparentes y técnicamente justificadas, teniendo en cuenta la seguridad energética nacional y europea, los objetivos de descarbonización y el impacto socioeconómico.

    Asimismo, se advierte de los riesgos demográficos y económicos del cierre de industrias en regiones menos desarrolladas; exige que la transición se acompañe de diversificación económica y empleo local.

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