La Consejería de Educación y Formación Profesional ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la oferta de plazas en las residencias universitarias de Badajoz, Cáceres y Plasencia. En total, son 303 plazas distribuidas entre los cuatro centros dependientes de la Administración.
De este modo, se ofertan 80 plazas en la Residencia Universitaria ‘Juan XXIII’ de Badajoz; 95 en la ‘Diego Muñoz Torrero’ de Cáceres; 84 en la residencia ‘Mario Roso de Luna’ de Cáceres y 44 en el ‘Complejo Educativo de Plasencia’.
Estas plazas están destinadas a alumnado que curse, en modalidad presencial, estudios universitarios, de Ciclos de Grado Superior y Cursos de Especialización de Formación Profesional y de Enseñanzas de Régimen Especial (Grado Superior de Enseñanzas Deportivas y Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Música y Arte Dramático), en régimen de residencia fija durante el curso 2026/2027.
Con independencia de la enseñanza, se reservarán dos plazas por residencia para el alumnado que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, para aquel que acredite la condición de víctima de violencia de género, deportistas residentes en Extremadura de alto nivel o promesas olímpicas y paralímpicas, así como para alumnado en situación de vulnerabilidad social.
Para profesorado desplazado o visitante de programas universitarios de movilidad, la concesión de plaza quedará supeditada a la existencia de vacantes una vez finalizado el proceso de adjudicación.
El acceso a la solicitud y a toda la información relativa al procedimiento se realizará a través del punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura. La solicitud, junto a la documentación requerida, podrá registrarse de forma presencial o a través de medios electrónicos hasta el 1 de julio.
Para la adjudicación de plazas se priorizará la situación económica y el rendimiento académico de las personas solicitantes.
Con esta oferta, la Junta de Extremadura optimiza los recursos residenciales existentes y elimina la posible discriminación que, por razones económicas o de residencia, pudiera plantearse, proporcionando al alumnado los medios necesarios básicos para una adecuada formación y la posibilidad de disfrute de otras actividades recreativas, formativas y culturales complementarias a su actividad estudiantil.
La Administración autonómica refuerza así el papel de las residencias como recurso corrector de desigualdades, sustancialmente dirigido a aquellos estudiantes que tienen dificultades económicas para acceder a la educación superior.